Sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos laborales de futbolistas
Protección laboral de los futbolistas en Colombia
En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Colombia reafirmó la necesidad de garantizar los derechos laborales de los futbolistas profesionales, al tiempo que destacó la complejidad de su situación laboral debido a la naturaleza de su profesión. La sentencia SU-396/24, emitida recientemente, resolvió el caso de un futbolista que demandó a su club por despido injustificado mientras enfrentaba las secuelas de un accidente laboral.
El caso inició en 2014 cuando el club terminó unilateralmente el contrato de un jugador que aún se encontraba en recuperación tras sufrir una luxofractura en el pie izquierdo. Aunque el deportista fue reintegrado brevemente tras una acción de tutela, el contrato fue nuevamente finalizado en 2017, lo que llevó al jugador a iniciar un proceso laboral ordinario. Las decisiones de las instancias iniciales no favorecieron al trabajador, pero un recurso de casación modificó este panorama, reconociendo la vulneración de la estabilidad laboral reforzada.
La Corte Constitucional concluyó que la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia cometió un defecto sustantivo al ordenar el reintegro del jugador sin considerar las condiciones específicas de los futbolistas profesionales. La decisión subrayó que la práctica deportiva de alto rendimiento requiere un análisis detallado de compatibilidad entre las condiciones físicas del trabajador y las exigencias de la actividad competitiva.
Además de proteger el derecho al debido proceso del club, la Corte exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a regular de manera integral los derechos laborales de los deportistas profesionales. Este llamado busca establecer normas claras que equilibren la protección de los trabajadores y las responsabilidades de los empleadores, considerando las particularidades de esta profesión, como los altos riesgos de lesiones y la corta duración de la carrera deportiva.
Este fallo resalta la importancia de abordar las brechas regulatorias en el deporte profesional y establece un precedente significativo en la protección de los derechos laborales en Colombia.
